Ponencia impartida en el Curso “Libertad en Internet: garantías y amenazas”
1.- Hackers, grietas y burocracia
El título de esta conferencia,
según el programa, tenía que ser “¿Por qué el legislador defiende la
propiedad antes que la libertad?”. Era un título más ilustrativo que el
elegido finalmente, que he tomado prestado de la novela de ciencia
ficción de
Richard Morgan, traducida en España por
Jesús Gómez, publicada por
Gigamesh, y disponible gratuitamente en las redes de intercambio y servidores de descarga de Internet que quiere cerrar la Ley Sinde.
Sí,
el título original era más ilustrativo. Pero “Leyes de Mercado” resume a
la perfección la situación actual de nuestro Parlamento en lo que se
refiere a la autoría de su producción legislativa, muy particularmente
en lo relativo a las leyes destinadas a proteger la propiedad. Y también
refleja la Realidad contra la que intentan en vano lucha los
legisladores y los que les dictan las leyes. La novela de
ciencia-ficción Leyes de Mercado, que tengo en las manos en este momento
en su versión papel, seguirá disponible en su forma binaria en internet
mañana, pasado, y dentro de un año. Diga lo que diga la Ley Sinde, el
reglamento de la Ley Sinde, y cuantas leyes de mercado quiera dictar el
próximo Gobierno delegado de los Mercados. Porque esa y no otra es en
Internet la verdadera Ley impuesta por sus verdaderos ciudadanos.
Cuando
me invitaron a estas jornadas los organizadores me remitieron una lista
de normas impuestas por la burocracia universitaria, una burocracia
necesaria para organizar la vida académica, pero absolutamente
incompatible con la agitada vida de plazos, juicios y recursos que hemos
de sobrellevar los abogados. De hecho, me consta que hay compañeros de
profesión que han tenido que renunciar a dar conferencias universitarias
para no tener que sufrir la burocracia. Yo hago lo que la mayor parte
de abogados hacen con las leyes: me comprometo a cumplir con lo
establecido, y luego aprovecho las grietas de la letra pequeña.
Me
pedían un abstract de la conferencia, y que remitiese el texto por
anticipado. Algo imposible: ni yo mismo sé de qué voy a hablar cuando me
pongo a escribir: el abstract solo lo puedo hacer como resumen, cuando
ya he acabado de escribir, si el teléfono y el twitter me han dejado
tranquilo. A veces envidio a aquellos que pueden trabajar de forma
estructurada, con arreglo a un Orden inmutable. Yo convivo a diario con
el Caos, y no sabría vivir de otra forma. Posiblemente por eso me gusta
tanto Internet.
2.- Islas en la Red
El segundo título de ciencia ficción que citaré hoy: Islas en la Red fue una novela publicada por
Bruce Sterling,
pionero del ciberpunk y también autor de The Hacker Crackdown (“La caza
de hackers. Ley y desorden en la frontera electrónica”). Dos obras
publicadas en 1988 y 1992, respectivamente, que auguraban lo que iba a
ser Internet. Como diría el mismo Bruce en el prólogo a Quemando Cromo,
de
William Gibson, los escritores de ciencia ficción son payasos sabios:
Somos
Payasos Sabios que podemos saltar, dar cabriolas, hacer profecías y
rascarnos en público. Podemos jugar con Grandes Ideas porque el
extravagante colorido de nuestros orígenes de revista barata nos hacen
parecer inofensivos.
El futuro profetizado por Bruce
Sterling ya está aquí. Mercados conectados a la velocidad de la luz que
chantajean a diario a sus Gobiernos delegados. Unos Gobiernos que han
dejado de defender incluso a sus burguesías locales, ya que a su pueblo
no lo defendieron nunca. Unos Gobiernos que debían encarnar el Orden, y
que están genuflexos ante el Caos de los parqués bursátiles. Gobiernos
de estados-nación, celosos guardianes de sus fronteras físicas, en un
mundo donde el capital ya no tiene fronteras.
Bruce Sterling no
fue el único profeta de la Hacker Revolution. Antes de que los
vendedores de chatarra electrónica usurpasen el título, ser gurú era
otra cosa. Y si hay que hablar de un gurú entre gurús, necesariamente
tendré que citar a Hakim Bey, considerado por algunos como padre
ideológico de los hackers, y auténtica autoridad en las leyes de las
redes del Caos. Títulos estos un tanto pretenciosos: un verdadero hacker
no reconocería autoridad patriarcal alguna ni a su propio padre.
Mucho
antes de que la ley de los mercados contaminase las redes, mucho antes
de que Internet llegase al gran público, en aquellos oscuros tiempos de
BBS y módems ruidosos,
Hakim Bey ya establecía las bases de la ciberutopía. Su ensayo de 1991,
Zona Temporalmente Autónoma, anunciaba el #15M hace ya 20 años:
El
TAZ es un campamento de guerrilleros ontológicos: golpean y corren.
Mantén en movimiento a la tribu entera, aunque sólo se trate de datos en
el Web. El TAZ tiene que ser capaz de defensa: pero tanto su ataque
como su defensa deben, siempre que puedan, eludir la violencia del
Estado, que es una violencia sin sentido. El ataque se hace contra
estructuras de control, esencialmente contra las ideas; y la defensa es
la invisibilidad un arte marcial y la invulnerabilidad -un
arte oculto entre los marciales. La «máquina de guerra nomádica»
conquista antes de ser notada, y se desplaza antes de que el mapa pueda
ser reajustado. Por lo que concierne al futuro, sólo los autónomos
podrán planificar la autonomía, organizarla, crearla. Es una operación
que se autoinicia, fundacional. El primer paso tiene algo de satori: la
realización del TAZ comienza con el simple acto de su realización.
A
lo largo de estos últimos 20 años, la red ha mantenido el pulso frente
al Estado. Cada vez que el poder político ha intentado establecer
fronteras legales en el territorio de la frontera electrónica, la red ha
mutado para eludir la agresión. En la mayor parte de las ocasiones los
hackers han actuado como tribus nómadas, como una ciberguerrilla siempre
en movimiento. Para eludir la vigilancia tuvieron que echarse al monte
de la Red, hasta que las condiciones objetivas permitiesen que la
revuelta cristalizase en el mundo físico.
Cada vez que enemigos
de las libertades y defensores del Estado utilizan la palabra “pirata”
en relación a la red me hacen reír, precisamente porque con ello le dan
la razón a Hakim Bey, que citaba la utopía pirata de
Libertalia
como paradigma de la Zona Temporalmente Autónoma. Las verdaderas
repúblicas de los piratas eran sus barcos: para los nuevos nómadas, la
única utopía posible era la República Internet.
Así fueron las
islas en la red, reductos de libertad frente al pensamiento único
impuesto por Estados y Mercados. Así fue hasta la primavera de 2011.
3.- España: revolución, reacción y resistencia
La
revolución de las telecomunicaciones en España corre pareja a los
intentos del poder político de imponer su control sobre la sociedad de
la información emergente, labor en la que encontrará un gran apoyo por
parte de las empresas de medios de comunicación, que generan un discurso
reaccionario frente a un modelo de distribución de información que no
pueden controlar.
Pero con independencia de los intentos de
control ejercidos desde la esfera política, policial y mediática, la red
resiste el acoso del poder. Todo intento de control legislativo es
respondido antes o después mediante una evolución técnica que provoca la
inmediata obsolescencia de la norma jurídica.
El esquema se
repite cíclicamente: la innovación tecnológica modifica de forma radical
un status quo consolidado. Los beneficiarios del status quo que se
derrumba reaccionan interesando del poder cambios legislativos para
“adecuar sus derechos a la nueva situación tecnológica”. Y ante dicha
normativa, surge una nueva evolución técnica: revolución, reacción y
resistencia.
En breve seremos testigos de un nuevo capítulo del
proceso descrito. En el momento que se apruebe el reglamento de
desarrollo de la “Ley Sinde” y se constituya la Sección Segunda de la
Comisión de Propiedad Intelectual en el Ministerio de Cultura,
asistiremos a un cambio en la forma de distribuir enlaces en internet. A
un problema jurídico se responderá con una respuesta técnica no
prevista por el legislador, y la solución legislativa dirigida a retirar
contenidos o bloquearlos se quedará perdida en una nube.
4.- La legislación TIC en España: 20 años contra la innovación
La
problemática jurídica relacionada con las nuevas tecnologías era muy
distinta hace veinte años, y se centraba fundamentalmente en la
protección jurídica del software: la ya derogada Ley de Propiedad
Intelectual de 1987, así como también derogada Ley 16/1993, de 23 de
diciembre, de incorporación al Derecho Español de la Directiva 91/250/
CEE , de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de
ordenador, unidas al artículo 534 bis del Código Penal entonces vigente,
establecían un marco que permitía perseguir los delitos contra la
propiedad intelectual de programas de ordenador. Y ese fue el cauce por
el que muchos abogados –entre los que me cuento- tomaron un primer
contacto con la problemática jurídica de las nuevas tecnologías. Eran
discos flexibles de 5 y ¼, muy lejanos de la nube actual, pero la
persecución entre titulares de derechos de autor y presuntos piratas del
software había comenzado.
Obsérvese que en el primer conflicto
el legislador ya antepone la regulación del derecho de propiedad a
cualquier otro derecho o libertad. Pese a que la Constitución Española
establecía ya desde 1978 en su artículo 18.4 que “La Ley limitará el uso
de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”,
tuvieron que pasar 14 años para que el legislador se preocupase por la
intimidad informática de los ciudadanos, y ni siquiera eso: la verdadera
razón de la ya derogada Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter
Personal,
LORTAD, fue evitar que periodistas y detectives pudiesen pedir información sobre casos judiciales.
Empecé
a ejercer en 1987. Y recuerdo que durante mucho tiempo, incluso después
de la entrada en vigor de la LORTAD , pedir información sobre cualquier
persona en los Juzgados de Barcelona era lo más sencillo del mundo. No
había que acreditarse en ningún sitio, ni demostrar un interés legítimo:
bastaba con rellenar un pequeño formulario anónimo, poner el nombre de
la persona sobre la que se buscaba información, y los atentos
funcionarios de la sección de informática te devolvían el papelito lleno
de datos sobre sumarios judiciales. Era evidente que tal sistema no
podía sobrevivir entre los múltiples escándalos de corrupción que
llenaron los periódicos por aquellas fechas.
Tras la LORTAD
llegó el Código Penal, donde se incluyeron por primera vez delitos
estrictamente informáticos, como la interceptación de correo
electrónico, el acceso inconsentido por vía telemática a datos
reservados o secretos de empresa, y los daños a programas y archivos
binarios. Y con el Código Penal, en 1995, también llegó la red al gran
público, lo que hizo necesaria la creación de brigadas policiales
especializadas en controlar la red.
El Código Penal de 1995 tuvo
en su día una inmerecida fama de progresista: nada más falso. Al tiempo
que continuaba penando conductas como la insumisión al servicio
militar, la ocupación de pisos vacíos o el aborto, dejó fuera de su
cobertura jurídica la pornografía infantil. Un código que blindaba la
propiedad en el mundo digital, penalizando la copia de programas de
ordenador, los daños a la propiedad por vía informática, o la revelación
de secretos digitales de empresas y particulares, dejó impune un delito
contra la libertad de la magnitud de la pornografía infantil. A los
autores del denominado “Código Penal de la Democracia” les preocupaba
más la propiedad que la libertad.
Afortunadamente la omisión fue
solventada en una reforma de 1999, pero ya para entonces las
prioridades del legislador estaban claras: nueva Ley de Propiedad
Intelectual en 1996, nueva Ley de Protección de Datos en 1999…Y
rápidamente redadas contra hackers, “piratas” y demás proscritos, y
expedientes administrativos a la Asociación contra la Tortura por
publicar nombres de funcionarios condenados en Internet.
A
partir del nuevo milenio los cambios se aceleran, y el ataque global a
los derechos fundamentales tras los atentados del 11-S provocan un
incremento de la represión legal en internet, siempre dirigido a blindar
el derecho de propiedad en detrimento de derechos fundamentales como la
intimidad o la libertad de expresión.
Un ejemplo: en noviembre
de 2000 una moción aprobada por unanimidad en el Senado insta al
Gobierno a regular el correo electrónico en las empresas, garantizando
la inviolabilidad de las comunicaciones. Han pasado 11 años y tal
legislación brilla por su ausencia. Por el contrario, se han
desarrollado muchas iniciativas legales tendentes a proteger la
propiedad de las empresas en el marco digital, muy especialmente las de
las televisiones de pago.
En el año 2001 se inicia desde
Kriptópolis
una campaña contra el primer anteproyecto de la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, denunciando su
posible utilización como instrumento de censura y control. No olvidemos
que los primeros anteproyectos incluso establecían un sistema
obligatorio de registro para poder abrir una página web.
PP y
PSOE tuvieron una actuación absolutamente vergonzosa en lo que se
refiere a la Ley de Internet, intercambiando sus papeles según quién
estuviese en el poder: así, en 2001 el PSOE se opuso a la LSSI ,
prometiendo su derogación al llegar al poder. Lo que hizo al llegar al
poder fue blindarla, para que cualquier Administración pública pudiese
proceder al cierre de páginas que afectasen a su esfera de competencia.
Del
mismo modo, ambos partidos pactaron reformar en el año 2006 la Ley de
Propiedad Intelectual, reduciendo a la mínima expresión las excepciones
al derecho de autor, que de tal forma fue ampliado en el ámbito digital.
Se produjo la paradoja que mientras se reducía el ámbito de la copia
privada a su mínima expresión en el ámbito doméstico, prohibiéndolo a
personas jurídicas, se ampliaba el canon de copia privada hasta el
extremo, debiéndolo pagar también personas jurídicas, lo que llevaría a
España a un ridículo internacional en el Tribunal de la Unión Europea.
Las
sucesivas reformas penales acometidas por PP y PSOE en 2003 y 2010 no
han hecho sino fortalecer la defensa de la propiedad inmaterial en
internet, en detrimento de los derechos ciudadanos a la cultura y a la
libertad de expresión. Los delitos contra la propiedad intelectual
pasaron a perseguirse de oficio, se incentivó a las brigadas de
investigación tecnológica a actuar contra páginas de enlaces, se crearon
ex novo nuevos tipos penales para proteger el negocio de la televisión
de pago, y se criminalizó toda actividad relacionada con el hacktivismo.
La Ley Sinde,
Disposición Final 43 de la Ley de Economía Sostenible,
resume los despropósitos de todos estos años. Una normativa dirigida a
ampliar las atribuciones de la administración pública en internet, para
así poder intervenir en un problema de derecho privado, se lleva a cabo
prescindiendo hasta el extremo del poder judicial, y acaba siendo
pactada por los partidos mayoritarios PP-PSOE y su bisagra periférica
CiU.
El reglamento de la Ley Sinde, en fase de redacción en
estos momentos, presenta en sus primeros borradores serias deficiencias:
su disposición más preocupante es la que establece que en 72 horas los
prestadores de servicios de intermediación en de internet deberán dar
cumplimiento a las exigencias administrativas de retirada de datos o
enlaces. El procedimiento administrativo gira alrededor del proveedor de
contenidos que presuntamente infrinjan derechos de autor: a los
prestadores de servicios de intermediación se los deja al margen del
procedimiento hasta el final, en una clara situación de indefensión.
Ello no obstante, y mucho antes de la aplicación práctica de la Ley
Sinde, ya se están desarrollando soluciones técnicas para compensar con
código informático lo que no soluciona el código jurídico
En
todos y cada uno de los casos mencionados, las leyes nacieron obsoletas:
solo sirvieron para incrementar las minutas de abogados especializados,
así como la inventiva de programadores, hackers y webmasters. Toda ley
absurda genera una solución técnica para esquivarla.
5.- Internet y poder mediático: historia de un desencuentro
Editoriales,
cadenas de librerías, periódicos, radios y televisiones en poder de las
mismas manos: lo extraño sería que hablasen bien de internet. En cuanto
descubrieron que no podrían controlarla, y de esto hace mucho tiempo,
comenzaron a cargar contra la red. A lo largo de la última década, y en
particular desde la aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de
la Información, los medios de comunicación españoles han apoyado todos
los intentos de control jurídico de internet, muy especialmente las
modificaciones del Código Penal y de la Ley de Propiedad Intelectual: se
trata en última instancia de defender su cortijo.
Internet ha
dado al traste con todos los viejos modelos de distribución de obras
culturales, en todos los sectores. Y salvo contadísimas excepciones, la
industria mediática española no ha sabido reciclarse. Su única
estrategia ha sido apoyar hasta el final los intentos del poder político
de controlar la red.
Modificaciones legales para blindar el
negocio de televisión de pago, prohibir el press-clipping, limitar el
alcance de la copia privada, o autorizar la retirada de contenidos de la
red por parte de la administración, han sido aplaudidas a rabiar por
todos los grupos mediáticos españoles. No es extraño, en consecuencia,
que las redes sociales donde eclosionó el movimiento #15M considere
hostiles a los medios de comunicación tradicionales, situándolos al
mismo nivel que a políticos y banqueros.
6.- Mayo del 11: desde la #leysinde al #15M
La
aprobación de la Ley 23/2006, de reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual, vino precedida por multitud de críticas en internet, y en
particular en las redes y agregadores de blogs. Sin embargo, la norma se
aprobó con la práctica unanimidad del Congreso de los Diputados,
evidenciando la escasa influencia que la red ejercía sobre la política
real hace solo cinco años.
Todo había cambiado solo tres años
después: la llegada al Ministerio de Cultura de Angeles González-Sinde,
en abril de 2009, fue contestada masivamente desde las redes sociales.
Su proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información, al objeto de permitir la
retirada administrativa de contenidos sujetos a derechos de autor,
encendió en diciembre de 2009 Twitter y Facebook. En pocos días el
Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet tenía
más de 250.000 seguidores en Facebook.
A lo largo de todo el año
2010, la campaña contra la #leysinde fue tomando forma y aumentando
seguidores. Coincidiendo con la aprobación del proyecto el 19 de marzo
en Consejo de Ministros, importantes páginas de enlaces españolas llevan
a cabo un cierre de 8 horas en protesta. El cierre anticipaba una
protesta masiva de webs de enlaces 9 meses después: el 19 de diciembre: a
dos días de la votación del proyecto en el Congreso, las páginas de
enlaces españolas
se fundieron a negro durante 12 horas, con un mensaje contundente que apuntaba al sitio No al cierre de webs:
Si
se aprueba la Ley Sinde, esta página desaparecerá. Internet será una
tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red.
No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs.
En No al cierre de webs
se colgó un manifiesto que sería leído por más de cuatro millones de
personas en un par de días. En dicho manifiesto (ver anexo) se
solicitaba a los ciudadanos que no se limitasen a protestar en internet:
que saliesen a la calle: “Sal a la calle, explícaselo a tus vecinos, a
tus amigos, a tus compañeros de trabajo.” “y explícaselo a todas
aquellas personas que conozcas, muy especialmente a aquellas que viven
desconectadas de Internet.”
El cierre de páginas de cine y
series de televisión, de gran audiencia en internet, provocó que el
mensaje llegase a amplias capas de la población. La movilización en
listas de correo y redes sociales haría el resto: en las horas previas a
la votación en el congreso los diputados recibieron miles de correos de
protesta.
El 21 de diciembre la votación parlamentaria es
seguida con avidez a través de su emisión en streaming por Internet. Se
produce la circunstancia que el mismo día que en el Parlamento español
se debate la Ley Sinde, en el Parlament de Catalunya se está procediendo
al debate de investidura del candidato a Presidente de la Generalitat,
Artur Mas.
CiU vota en contra de la Ley Sinde, que resulta rechazada por el Congreso de los diputados.
El
25 de enero, tras múltiples presiones de la industria editorial, se
alcanza un pacto entre PP, PSOE y CiU para resucitar el proyecto de Ley
Sinde en el Senado. A los pocos días empezó a gestarse el proyecto
#nolesvotes, primero en Twitter y después desde el web
Nolesvotes.com y el
wiki.nolesvotes.org
#nolesvotes
nació como un proyecto aglutinador: su aspiración no era otra que sumar
descontentos, primero en la red y después en la calle, sirviendo de
caja de resonancia al profundo malestar de la sociedad frente a la
actuación de la clase política. Desde enero hasta mayo, fue uno de los
hashtags de referencia en la internet española, y sirvió como altavoz a
todas las iniciativas que se fueron sucediendo para evidenciar el
malestar de la sociedad con respecto a la situación política y
económica. Al revisar mi TL de esas fechas, es curioso ver los hashtags
que se van sumando poco a poco a #nolesvotes: #sinfuturo, #sinmiedo,
#estadodelmalestar, #indignaos, #reacciona, #democraciarealya y #15M. Un
estudio en profundidad sobre la
influencia de dichos hashtags en la explosión de Mayo del 11 puede
consultarse en la web del Instituto Universario de Investigación en
Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de
Zaragoza.
7.- República Internet: una advertencia para el futuro
El
análisis del #15M y su evolución posterior no es objeto de esta
conferencia, limitada a los conflictos entre propiedad y libertad, y la
escasa autonomía del legislador español con respecto a los verdaderos
titulares del poder: el poder económico y mediático. Ello no obstante,
sí me interesa dejar aquí una advertencia para el futuro: si es atinada o
no, solo después de algunos años podrá evaluarse adecuadamente.
Desde
mis primeros textos en internet, y hablando precisamente del derecho de
reunión, vengo diciendo que pese a que la red permite crear
organizaciones a coste muy reducido, esa fuerza de la red es también su
principal debilidad, porque solo se toma en serio a un movimiento
político cuando es capaz de llenar las avenidas. En marzo de 2009, al
comenzar mi última serie de conferencias, disponible en
http://www.culturalibre.org, dejé escrito lo siguiente:
Las
nuevas tecnologías cambian la forma de ejercer los derechos. Pero en
última instancia, los derechos de reunión y manifestación quedan en
letra muerta si no se ejercitan: de nada nos sirven si no pensamos
movernos del sillón.
Quizás el gran reto del
siglo XXI no sea más que éste: entender que no podemos confiar en nadie
más que en nosotros mismos. Entender que si de verdad es cierto que la
soberanía reside en el pueblo, ha llegado la hora de que el pueblo
ejerza sus propias responsabilidades de forma directa, sin delegaciones
ni intermediarios.
Más allá de la crisis
económica, vivimos una crisis de sistema. Nuestros intermediarios
políticos han demostrado su inutilidad para gestionar los inmensos
desequilibrios que genera un sistema social injusto. Pero de poco sirve
quejarnos de ellos, mientras nos desentendemos de la toma de decisiones
que sólo a nosotros nos corresponden.
Sólo
cuando el Estado y el Mercado nos dejen sin protección social,
empezaremos a entender que sólo somos partículas elementales, que nada
pueden conseguir en solitario. Tenemos que reconstruir en el mundo real,
y no sólo en Internet, las redes sociales destruidas por el
individualismo salvaje. Y eso sólo puede hacerse llevando nuestra
asamblea virtual permanente a las calles, a las fábricas, a los
despachos.
Ha llegado el momento de que los
habitantes de la sociedad conectada se pongan de pie, abandonando el
sedentarismo del consumidor indolente. Las pantallas son armas de doble
uso: pueden servir tanto para comunicarnos como para encadenarnos. De
nosotros depende, en última instancia, escoger el camino.
Tenemos las herramientas, Internet y los ciberderechos: ha llegado la hora de utilizarlas en el mundo real.
Durante
todo 2009, 2010 y buena parte de 2011 no he cesado de pedir que la red
saliese a la calle. En mayo de 2009 fuimos poco más de 300 peatones a la
Plaza del Rey de Madrid, para protestar ante el Ministerio de Cultura.
En diciembre de 2009 ya fuimos unos cuantos más. Desde mayo de 2011 ya
han salido a la calle unos cuantos cientos de miles, quizás millones.
Pero ahora me pregunto si no es quizás el momento de reflexionar.
La
red no es nada sin la calle, pero la movilización callejera por sí
misma no sería nada sin internet. Al consultar este texto con mi amigo
Ricardo Galli me hizo una inteligente observación sobre uno de los
puntos débiles del ciberpunk, y en general del ciberactivismo de los
años 90: el presentar la red como un espacio nuevo, de “otra gente”,
otra “república” paralela o alternativa a la realidad.
Ricardo
tiene razón: el dualismo internet-mundo real es un error, especialmente
si lo llevamos a la acción política. La red somos las personas, las
mismas que viven en la “democracia” o “república” de su barrio. El
ciberpunk parecía proponer a la gente “emigrar” a otro estado diferente,
casi como ofrecerles una colonia en la Luna. La práctica cotidiana de
los últimos meses nos ha demostrado que toda acción política pasa
simultáneamente por la calle y por la red, porque la red ya es la mitad
de lo real, y para algunos la mejor mitad.
En consecuencia, y
después de años diciendo que la red tenía que salir a la calle, no voy a
decir aquí que haya que hacer el camino inverso, de la calle a la red:
no, eso ya es imposible. Lo que me planteo es lo siguiente: si en buena
parte hemos llegado aquí gracias al trabajo solidario de miles de
personas organizadas en red, si es esa misma red solidaria la que
mantiene activo el movimiento #15M… ¿no será la red lo primero que
intente desactivar el poder? ¿No será necesario que nos mantengamos
alerta para evitar que nuestro principal bastión sea también nuestro
punto más vulnerable?
Ellos defienden su propiedad: lo han hecho
durante milenios, y lo seguirán haciendo. Seguirán comprando a
políticos para que blinden sus privilegios, y seguirán teniendo todos
los recursos durante mucho tiempo, muy especialmente en el terreno
mediático.
No lo olvidemos, especialmente cuando llegue el frío a
las calles. Cuando el Estado y el Mercado se alíen de nuevo para
imponer leyes y constituciones redactadas al dictado del poder
financiero, “Leyes de Mercado”, leyes a medida de los detentadores de la
propiedad, no podremos contar con los medios de comunicación que
pertenecen a esos mismos propietarios.
Internet es nuestro
último baluarte, y vendrán por ella. Estemos alerta para cuando llegue
ese momento, porque para defender la libertad en la red solo contaremos
con nosotros mismos.
Valencia, 30 de septiembre de 2011.
